Libro en PDF 10 MITOS identidad mexicana (PROFECIA POSCOVID)

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domingo, 29 de septiembre de 2013

El petróleo en la mira

En los círculos de la política profesional se maneja, desde hace algunos meses, urgencia de una nueva reforma energética. Lo que denominan una reforma de segunda generación, puesto que para el sector monopolista de la burguesía, identificado por su programa neoliberal en lo económico y lo neoconservador respecto al Estado, la reforma petrolera de 2008 fue una reforma descafeinada porque no abrió lo suficiente la industria petrolera a la inversión privada.
Es cierto que los siete dictámenes aprobados por el Congreso de la Unión en 2008[1] tuvieron grandes avances en favor de los intereses del capital monopolista, pero también es justo apuntar que gracias a la movilización de un sector del pueblo mexicano se limitó el contenido de aquel paquete de reformas. Los resultados fueron insatisfactorios tanto desde el punto de vista de la clase trabajadora como desde el del capital monopolista. Solamente salieron favorecidos algunos personajes que parasitan profesionalmente la política. Desde el punto de vista del pueblo, se abrió la puerta para que el capital privado se beneficie con el patrimonio de la nación. En cambio, la perspectiva de la burguesía imperialista no tiene todas las garantías para apropiarse de la renta petrolera.
Ahora bien, pueden argumentarse cualquier cantidad de cosas en contra de los hidrocarburos, pero más del 57% de la energía que se consume en el mundo se genera a partir de petrolíferos o gas natural. En México esa proporción asciende a más del 87%. Es decir, casi toda la energía eléctrica consumida en los hogares, oficinas, fábricas, escuelas, comercios, mobiliario urbano, los combustibles que movilizan a los camiones, camionetas, automóviles, barcos, aviones, trenes, a las maquinarias industriales; depende de que esté garantizado el abastecimiento de hidrocarburos. Por tal motivo es que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define dos nociones claves: 1) los hidrocarburos son propiedad de la nación mexicana, es decir de los pueblos que la conforman, no del gobierno ni mucho menos de particulares. 2) Los hidrocarburos, a diferencia de otros recursos de la industria extractiva, son un recurso estratégico para el desarrollo del pueblo mexicano.
Por si fuese poco, al rededor del 40% de los ingresos fiscales mediante los cuales funciona el gobierno, a todos sus niveles, se obtienen de los impuestos que paga Petróleos Mexicanos (Pemex). La petrolera mexicana, además de ser el consorcio más grande, es el paga más contribuciones fiscales, debido a la evasión y elusión de las grandes compañías.
Otras razones que hacen del sector petrolero la clave de la economía de México es porque representa el 15% de los ingresos nacionales por exportaciones. Sin olvidar que la renta petrolera, entendida como el diferencial entre los costos de extracción y la venta del crudo como materia prima en el mercado mundial o nacional, es una de las más lucrativas del planeta. Extraer cada barril le cuesta a Pemex, en promedio, US$ 6.5; mientras que el precio medio de las calidades de crudo mexicano en el mercado mundial ronda los US$ 100, lo que arroja una renta superior a US$ 90 por barril de petróleo extraído.
A pesar de la corrupción imperante en las estructuras de gobierno, los ingresos fiscales petroleros costean casi la mitad de la salud y educación pública en México. Lo cual supone que el sector petrolero tiene un gran potencial para la creación de riqueza, motivo que llamaría la atención de las grandes transnacionales del sector: las compañías herederas de las siete hermanas,[2] además de las nuevas como la francesa Total o la española Repsol.
Causas de la situación actual de la industria mexicana del petróleo
Los argumentos del capital monopolista y de los sectores más reaccionarios de la política profesional burguesa son, en resumen, que Pemex se ha quedado rezagado tecnológicamente, que es una empresa ineficiente, que se requiere mayor inversión privada mediante asociaciones con las grandes compañías para explotar los nuevos yacimientos; todos estos los rematan diciendo que quienes critican la realización de una nueva reforma energética están equivocados porque ni siquiera hay un documento para criticar, por lo tanto, no se puede hablar de una privatización y que la apertura a la inversión privada no significará la venta de Pemex ni la de los hidrocarburos que seguirán siendo propiedad de la nación.
Esos son los argumentos oficiosos. Sin embargo vale la pena echar un vistazo para corroborar el origen y causas de la situación de la industria petrolera mexicana. Para lo cual es preciso comprender que la política neoliberal ha tenido cuatro líneas convergentes: sobrecarga fiscal de Pemex, desarticulación de la industria, incremento del contratismo y sabotaje del patrimonio tecnológico nacional.
Sobrecarga fiscal
En realidad, México no siempre ha sido una nación petrolera. A lo largo de la historia ha tenido dos grandes momentos de auge de este sector. El primero a comienzos de la década de los años 1920 y el segundo después del descubrimiento del megayacimiento de Cantarell en la sonda de Campeche hacia finales de la década de 1970. Esta segunda época de auge de la extracción es la que vivimos. El tope de ésta se alcanzó en 2004 cuando en México se extraían 3.8 millones de barriles de petróleo al día. Desde entonces a la fecha la producción viene en declive, pero todavía se extraen más de 2.5 millones de barriles al día.[3] Lo que convierte a Pemex en una de las compañías más importantes de su ramo.
No obstante, el boom petrolero mexicano vino aparejado con la creación de incentivos para la paulatina construcción de una política fiscal suave con el capital privado que les permite tener muchos mecanismos de condonación, evasión y elusión fiscal. Por ello es que en México los grandes capitales pagan cantidades irrisorias de impuestos.
Para colmo, en estas décadas de bonanza petrolera el sesgo de la política fiscal ha tendido hacia convertirse en regresiva; esto es que se cobran tasas impositivas iguales sin importar el ingreso de los contribuyentes, además se hace a partir de impuestos al consumo. A diferencia del proyecto nacionalista postrevolucionario que tenía una política fiscal progresiva; es decir, se grava con mayor tasa a quiénes perciben mayores ingresos y su aplicación se basa en los impuestos al ingreso, no al consumo. El resultado de esto es que México no es capaz de recaudar ni siquiera el 20% del valor generado en el país, quedando muy lejos del 50% que recaudan las naciones más eficientes de la OCDE.
Gracias a esta política fiscal es que Pemex se convirtió en el salvavidas del gobierno mexicano. Aunque para ello se le cobran tasas impositivas que, en algunos años, han superado el 100% de los ingresos de la compañía. Por ese motivo es que la empresa ha tenido que recurrir al constante endeudamiento. Pero la consecuencia es la reducción de recursos disponibles para abrir nuevos proyectos de exploración y producción.
Desarticulación de la industria petrolera
La adopción en México del programa económico neoliberal ha significado el desmantelamiento de las empresas estatales. Lo que incluye la paulatina desarticulación de la industria petrolera mexicana.
En primera instancia, con la reforma petrolera de 1992, se le quitó a Pemex su carácter de empresa integrada al subdividirla en seis empresas u organismos subsidiarios[4] de un mismo corporativo.
En segunda instancia, como resultado de la reforma antes mencionada, fue que se dividió en México a la petroquímica en básica y secundaria, único país donde exige semejante  división. Basado en esto fue que el salinismo privatizó importantes sectores de la petroquímica, incluyendo la elaboración de fertilizantes. La privatización y posterior cierre de Fertimex es un ejemplo notable de lo que acarrea la aplicación del programa neoliberal en la industria petrolera, incluyendo los efectos nocivos para la sociedad. A partir de tal suceso se dejaron de producir fertilizantes para el campo mexicano, lo cual constituye uno de los factores que tiene sumido al sector agrícola nacional en una condición deplorable que deriva en la pérdida de la soberanía alimentaria, dado que al estar obligado a importar fertilizantes a altos precios, el campo mexicano es incapaz de competir con los precios subsidiados de la agricultura estadounidense.
La tercera consecuencia de la desarticulación ha sido el encarecimiento de los combustibles, puesto que se prioriza la venta al extranjero de crudo (principalmente hacia los Estados Unidos) en lugar de la refinación (ninguna de las seis refinerías mexicanas opera al 100% de su capacidad, lo hacen en un rango entre el 70 y el 80%). Además, entre organismos subsidiarios se transfieren costos de materias primas más elevados que la estructura de costos que en una empresa integrada. Así, Pemex refinación en lugar de pagar 6.5 ó 7 dólares por cada barril de crudo, el costo de producción a boca de pozo en México, que refina paga precios mucho más elevados.
En cuarta instancia, el desmantelamiento de Pemex ha incrementado los costos de operación mientras la compañía se convierte en una operadora de contratos con el capital privado, más adelante me referiré al contratismo, aquí más bien es preciso destacar el incremento de la media y alta burocracia en los últimos doce años. Los salarios devengados por este sector inflan la nómina sin agregarle algún valor a los hidrocarburos. De tal forma que Pemex pierde eficiencia e, incluso, se descapitaliza.
Finalmente, la política de desmantelamiento incluye tolerar que el crimen organizado saquee los ductos para vender clandestinamente gasolinas y diesel. Diversos periodistas como Anabel Hernández o Ana Lilia Pérez han documentado el robo encabezado por cárteles como los Zetas o el del Chapo Guzmán. Esta tolerancia ha sido usada por los propios neoliberales para exigir la incursión del capital privado en la transportación de hidrocarburos, léase construcción y manejo de ductos.
Incremento del contratismo
Es cierto que ninguna empresa en el mundo es completamente autosuficiene, siempre se requiere de contratar servicios especializados para ciertos trabajos. En el caso de la industria petrolera la edificación de nuevas plantas, por ejemplo, requiere de obra civil para la cuál se requiere contratar a empresas dedicadas a la construcción, o en el caso de la fabricación de tuberías y plantas, es preciso que Pemex contrate los servicios de compañías proveedoras que instalen y capaciten a los trabajadores de la petrolera.
Esto ha sido pretexto para que en los años recientes se haya incrementado la subcontratación de compañías para trabajos que anteriormente realizaban eficazmente los trabajadores de la propia Pemex. Lo cual significa el desplazamiento de cientos de trabajadores. Todo esto se realiza al amparo y con la venia de la dirigencia sindical, comenzando por el charro Carlos Romero Deschamps, que en lugar de proteger la materia laboral de los agremiados hace negocios con la compañía petrolera a través de las empresas contratistas de las que es propietario.
Las condiciones de trabajo en que las compañías subcontratistas obligan a laborar a su personal están muy por debajo de los parámetros de seguridad industrial de los obreros de Pemex. La consecuencia ha sido el incremento de los accidentes industriales en el sector petrolero. Lo más grave es que en cada uno la mayoría de las víctimas son los propios trabajadores subcontratados. Recuérdese accidentes como el de la plataforma sumergible Usumacinta en 2007 ó el ocurrido en el Centro Receptor de Gas en Reynosa en septiembre de 2012. Solamente por referir dos de los que mayor difusión tuvieron en la prensa.
Sabotaje del patrimonio tecnológico nacional
Para promover una nueva reforma petrolera se hace hincapié en el modelo de Petrobras. Claro que para los neoliberales lo único que cuenta es la apertura al capital privado, principalmente extranjero, que se hico en la empresa brasileña. Lo que no mencionan es que el éxito del modelo brasileño radica en que antes de tomar cualquier otra medida, se dedicaron a preparar a su personal para desarrollar tecnología. Con ese fin a una gran cantidad de ingenieros, químicos y demás profesionistas brasileños se les envió a capacitar en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
A la vuelta de los años, la política mexicana y la brasileña siguieron líneas muy diferentes, con resultados diametralmente opuestos. Mientras en Petrobras se inventaron tecnologías de punta para la exploración y explotación en aguas profundas; en México se desmanteló al IMP. De tal suerte, mientras la compañía de Brasil impone nuevos récords en la industria petrolera, la mexicana ya no es capaz de generar sus propias patentes y el IMP está convertido en una empresa que compite en las licitaciones contra las privadas para darle algunos servicios a Pemex.
Otra de las consecuencias del desprecio al desarrollo tecnológico ha sido el desperdicio de una fuerza de trabajo altamente capacitada. Muchos de los profesionistas que en otro tiempo laboraron en el IMP fueron jubilados prematuramente; a sus 40 ó 50 años, en edades todavía productivas, se les aisló de cualquier posibilidad de desarrollo de su profesión en la industria petrolera. También a las nuevas generaciones se les restringen las opciones para incorporarse al sector productivo. Todo lo anterior implica una enorme desperdicio de recursos invertidos en la formación y capacitación de trabajadores.
Tendencias internacionales
Un elemento fundamental para comprender la tendencia de la reforma neoliberal al sector petrolero es comprender la situación del mercado mundial. En primera hay que recordar que el origen, las matrices, de las principales compañías petroleras transnacionales (las siete hermanas) son los grandes imperialismos. Estados Unidos y el Reino Unido. Ninguna de estas dos naciones tiene suficientes hidrocarburos para garantizar su nivel de consumo. Ambas comenzaron su declive productivo a comienzos de la década de 1970. No obstante, su producción petrolera, aunque marginal, sirve para establecer los precios internacionales del petróleo y gas natural.
Es un hecho que, para mantener su poderío económico, las herederas de las siete hermanas requieren del respaldo político de los Estados imperialistas. Nótese que tras los conflictos internacionales más recientes están los intereses de las trasnacionales petroleras. Solamente para ejemplificar hay que recordar la invasión estadounidense en Irak, las presiones europeas y gringas sobre los regímenes de Libia, Irán o Siria, la intervención de imperialismos en los asuntos de las naciones de la cuenca del río Níger (Malí, Níger y Nigeria), la obstinación británica por apropiarse de las islas Malvinas o la belicosidad estadounidense y española contra Venezuela. En resumen muchos de los grandes enconos de las naciones imperialistas contra otras naciones tienen por trasfondo los intereses de las trasnacionales petroleras.
Los Estados Unidos apenas producen el 40% del petróleo que consumen, el resto deben importarlo de otras naciones. Esto hace que para los intereses de ese imperialismo sean fundamentales el Medio Oriente y América, pues sus principales fuentes de abasto de hidrocarburos son: Arabia Saudita, Venezuela, México y Canadá.
Lo anterior está lejos de ser algo coyuntural, más bien es algo que se proyecta continuar en las próximas décadas. Pues, si bien las reservas mundiales de petróleo están en una tendencia declinante, hay tres regiones del mundo en donde se siguen incrementando, estas son: Medio Oriente, América Latina y la cuenca del mar Caspio.
Es del interés de las grandes trasnacionales petroleras y de los imperialismos que las respaldan, el apropiarse por la vía de los hechos (aunque legalmente no lo consigan) de los yacimientos petroleros. Es de esperar que en los próximos años la hostilidad imperialista se mantenga a la orden del día.
Amenazas imperialistas contra México
Es cierto que aún no hay un documento que haya recopilado, por tanto, en el cual se concreten las intenciones privatizadoras del capital monopolista. Sin embargo, hay señales muy claras que delatan la tendencia real que subyace al edulcorado discurso neoliberal. Pero además, la historia de México está plagada de ejemplos que demuestran la forma de comportarse que tienen las grandes trasnacionales petroleras. Como botones de muestra habría que recordar que en 1923, cuando la mayor inversionista en el sector petrolero era la compañía estadounidense Standard Oil, el gobierno de Álvaro Obregón firmó los tratados de Bucareli. Mediante ese documento el gobierno mexicano se comprometió a no aplicar retroactivamente el artículo 27 de la Constitución, pues uno de los efectos habría sido la revocación de las concesiones hechas antes de 1917. Dicho documento se firmó tras años de presión del gobierno estadounidense que apoyó a las petroleras de su nación y a las británicas.
El otro botón de muestra que ejemplifica la forma de actuar de las trasnacionales petroleras contra México fue el boicot que organizaron en 1938 para revertir la decisión de nacionalizar el ramo. Ninguna compañía ni ninguna nación estuvo dispuesta a venderle a Pemex crudo e insumos indispensables en la refinación. Además, sabiendo el potencial petrolero mexicano, decidieron que cuando se desarrollase lo suficiente la tecnología para permitir que México se convirtiese en nación exportadora de crudo, se le negaría la compra del hidrocarburo. Por si eso no bastase, al ser expropiadas, las compañías se llevaron a todo su personal capacitado, lo cual debido al grado de especialización que exigen las tareas de este sector era un duro golpe. La situación internacional, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y la disposición de los trabajadores mexicanos para sacar adelante a la industria nacionalizada fueron las claves para que el boicot de las trasnacionales fracasase. Pero, el hecho de haberlo intentado ya pinta de cuerpo completo el comportamiento ambicioso de las herederas de las siete hermanas.
Podría argumentarse que tras 75 años de estar fuera de México, las trasnacionales petroleras han cambiado, ahora son otras, su comportamiento es distinto. Para desmentir tal argumentación basta echar una mirada a los procesos latinoamericanos: Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina pueden dar testimonio de las reacciones que el capital monopolista petrolero ha tenido contra esas naciones cuando han llevado a cabo acciones de nacionalización. Para no ir muy lejos hay que recordar que el golpe de Estado de 2002 y el boicot petrolero de 2002-2003 en Venezuela, contra el gobierno de Hugo Chávez estuvieron motivados por las reformas petroleras nacionalistas.
A todo lo dicho anteriormente hay que agregar que la reforma de 2008 tuvo dos grandes logros desde la perspectiva de la burguesía monopolista. Primero, se creo un consejo de administración de Pemex cuyo perfil es ciudadano. Nada más que los “ciudadanos” colegiados en dicho organismo deben su puesto a los políticos profesionales al servicio del capital. Por tanto, las decisiones que toman dichos consejeros ciudadanos están condicionadas por lo que decidan los políticos profesionales, los que a su vez están condicionados por los intereses de la burguesía monopolista. De tal suerte que el dichoso Consejo de Administración reduce sus funciones a ser un espacio de legitimación de la política neoliberal ante el pueblo mexicano. Una especie de “consejo de notables” que decide con criterios técnicos por encima de cualquier interés político o de clase, cosa que es por demás absurda y falsa.
En segunda instancia, la reforma de 2008 abrió las posibilidades para que Pemex firme contratos incentivados, los cuales consisten en que Pemex asigne bloques territoriales a consorcios particulares para que éstos realicen actividades de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos durante 25 años. Durante ese período las inversiones necesarias correrían a cargo de los contratistas. Al final todo lo que se produzca en esos campos se entregarían todos los hidrocarburos a Pemex. A cambio de esa labor los contratistas recibirían un pago por cada barril extraído, es decir, se les entregaría una porción de la renta petrolera. Este modelo de contratos, además de desplazar a la empresa mexicana y reducirla en una compañía administradora de contratos pero sin funciones operativas reales, es muy similar al de los contratos a riesgo que están prohibidos tanto en México como en muchas naciones debido a que son una forma perjudicial de contratos en el sector petrolero, pues abre posibilidades para profundizar la corrupción, la evasión fiscal y los engaños por parte de las compañías trasnacionales.
De manera normal, toda empresa que contrata los servicios de otra compañía para realizar labores específicas paga los servicios de la contratada mediante una tarifa definida de acuerdo a la naturaleza del servicio prestado. No se le paga con una cantidad indefinida ni compartiendo renta petrolera porque eso solamente puede tener por resultado que los costos de producción sean mucho más elevados y los beneficios para la nación se vayan reduciendo paulatinamente.
De esta manera los contratos incentivados, para que se comprenda más fácilmente, serían como si en un hogar se contratasen los servicios de un plomero para arreglar las tuberías. Pero, en lugar de que dicho contratista hiciese un presupuesto y cobrase una cuota fija por su trabajo basándose en los materiales, el tiempo y la mano de obra requerida para reparar las tuberías; este plomero pretende cobrar por su trabajo una determinada cantidad de dinero por cada litro de agua que se consume en dicho hogar durante los próximos 25 años.
El argumento mediante el cual los neoliberales defienden dicho modelo de contratación es que las compañías que poseen la tecnología necesaria para extraer los hidrocarburos exigen que a cambio de sus invenciones se establezcan asociaciones para explotar los yacimientos. Tal razonamiento es completamente falaz, puesto que la tecnología está a la venta en el mercado petrolero. Tan es así que la mayoría de las empresas que solicitan la asociación no son creadoras de nuevas patentes, sino que adquirieron dichas innovaciones de otras compañías. Un ejemplo muy claro es BP, la mayor operadora de pozos en el Golfo de México, que dice poseer la tecnología para la explotación de yacimientos en aguas ultra profundas. Solamente que parte de esa tecnología la adquirieron a Petrobras o Statoil, empresas cuya característica principal en la industria petrolera mundial ha sido el desarrollar innovaciones tecnológicas.
Para las trasnacionales petroleras el camino es claro, una reforma energética de avanzada (para sus intereses) pasará por ampliar las formas de contratación. Con miras a que en un futuro no muy lejano, si es posible de inmediato, sean ellas las propietarias de los yacimientos. Pero de no ser posible, se conformarán con serlo en los hechos, aunque en la letra constitucional se diga que los hidrocarburos son propiedad de la nación, o sea del pueblo mexicano.
En el ramo de la electricidad, la energía nuclear y las fuentes renovables es difícil que haya mayores modificaciones en la propuesta neoliberal de reforma energética. Ello se debe a que en la práctica la privatización del sector se está dando. Las empresas estatales de electricidad están en un proceso de desmantelamiento. A Luz y Fuerza del Centro ya se le desapareció de un plumazo y la Comisión Federal de Electricidad está en proceso, discreto pero eficaz. Por un lado, se prioriza la adquisición de electricidad generada por los Productores Independientes, en detrimento de la capacidad de generación instalada que pertenece a CFE. Por otro, los mecanismos de financiamiento de nuevos proyectos de CFE, sea en producción o distribución, se hacen mediante esquemas ineficientes que encarecen los costos. Finalmente, se descapitaliza a la empresa mediante un doble rasero; mientras la Secretaría de Hacienda (encargada de establecer las tarifas eléctricas) retira los subsidios al consumo doméstico, la misma dependencia y la gerencia de CFE realizan acuerdos secretos con las grandes compañías para que paguen tarifas menores a las que les corresponde. De esta suerte se vienen sentando las bases para una eventual desaparición de la empresa, lo que significaría dejar el sector directamente en manos del capital monopolista.
Respecto a las energías renovables la reforma de 2008 les dejó el campo libre a los trasnacionales para hacer a su antojo. Las consecuencias son perceptibles en el caso de la energía eólica. La instalación de aerogeneradores ha ocasionado graves conflictos con las comunidades ejidales en las zonas del istmo de Tehuantepec y en la península de Baja California. En ambos puntos los abusos son la noticia de todos los días. Para colmo, al no haber una planeación integral del sector energía la CFE prioriza la adquisición de fluido eléctrico a los productores privados, como se ha dicho líneas arriba, lo que incluye a estas empresas eoloeléctricas. El problema es que la electricidad no es un recurso que se pueda almacenar en grandes cantidades, sino que debe consumirse casi en el instante que se genera. Motivo por el cual, al haber la priorización de los privados, es que CFE debe reducir la utilización de sus propios recursos. Tal situación tiene dos efectos graves. Por una parte se subutiliza el patrimonio nacional para beneficiar a los privados, lo que implica una pérdida de soberanía energética. El segundo problema grave es que hay una afectación indirecta al medio ambiente pero que puede ser muy fuerte en términos sociales. El ejemplo más claro han sido las inundaciones de los últimos años en el estado de Tabasco. Los proyectos eoloeléctricos de Tehuantepec, aunados a otros proyectos de generación privada en la región, obligan a CFE a reducir la generación de las presas instaladas en la cuenca del río Grijalva; para ello se disminuyen los flujos de líquido mediante el cierre parcial o total de las compuertas. Así, el nivel de agua en cada presa crece hasta poner en riesgo a la estructura misma de la cortina, por lo que se hace inevitable la apertura de las compuertas para desfogar grandes cantidades del líquido que terminan por inundar a las comunidades tabasqueñas.
Finalmente, es cierto que el sector energético requiere de reformas de gran calado para redinamizarse. Pero no las que propone la burguesía trasnacional mediante sus políticos profesionales. No, tales reformas son privatizadoras por alguna de las dos vías posibles (o en forma descarada cambian el régimen de propiedad o en forma sutil entregan los beneficios de la explotación del recurso sin modificar el régimen de propiedad). De lo que se trata es de promover una política energética integral que tenga claro que se trata del sector estratégico para el desarrollo de la economía nacional, por tanto no puede estar, ni parcialmente, bajo el control del capital privado. Una política que diversifique las fuentes de producción de energía pero que al mismo tiempo generen beneficios para el pueblo, no para la burguesía ni sus políticos profesionales.
Eduardo A. Pérez
Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C.

[1] A saber: Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de aprovechamiento de Energías Renovables, Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Comisión Reguladora de Energía y la Ley Federal de Competencia Económica. Estas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008.
[2] Después de los procesos de fusión e integración han quedado: Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron Corporation, ConocoPhillips y British Petroleum.
[3] Un barril de petróleo representa 159 litros.
[4] Estas son: Pemex Exploración y Producción (PEP), Pemex Refinación (PR), Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Pemex Petroquímica (PPQ), Pemex Comercio Internacional (PMI) y Corporativo de Pemex.

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